Toda relación legal que se establezca tiene deberes y derechos para cada una de las partes, si el vínculo legal es un contrato de arrendamiento, por lo general en ese documento se establecen todas las reglas del juego.
Sin embargo, existen ciertas características generales que se deben conocer, como por ejemplo:
- Qué implica ser un arrendador
- Hasta dónde puede llegar el arrendador
- Qué leyes lo protegen
Aunque se trata de reglas muy generales, es normal que algunas de ellas se pasen por alto. De allí la necesidad precisa de conocerlas muy bien, pero sobre todo hacerles seguimiento para ponerlas en práctica.
En el caso de Colombia, existe la Ley 820 de 2003, un articulado mediante el cual deben regirse todas las relaciones de este tipo en el país. En dicho instrumento se establecen varias reglas, entre ellas que cada contrato es único y debe prevalecer el acuerdo entre las partes por encima de muchos aspectos que, por lo general, suelen convertirse en detonantes de conflictos.
Términos del contrato para el arrendador
Lo más importante a tener en cuenta es que ambas partes deben estar al tanto de todo lo que se establece en un contrato, no es posible que se establezca un acuerdo si uno de los involucrados no lo conocen; de hecho, el mismo debe estar suscrito por las dos personas involucradas.
También es importante conocer que según las leyes en Colombia:
• El contrato se puede suscribir de dos formas, verbal y escrita; aunque esa libertad no implica que se trate de una improvisación, al contrario, en el mismo se debe establecer nombre e identificación de los contratantes, qué tipo de vivienda se arrendará, zonas y servicios que entran dentro del acuerdo.
Este punto es muy importante para el arrendatario porque se establecen no solo sus deberes, sino también sus derechos en términos de saber a ciencia cierta qué está alquilando y qué debe pagar por ello.
• También es importante conocer monto a cancelar, tiempo en el que estará vigente el arriendo, así como también decidir quién de los dos se quedará con el pago del servicio.
Una de las dos partes debe cancelar los compromisos de la vivienda, este punto es necesario aclararlo al momento de oficializar el acuerdo. Si ese monto está dentro del canon de arrendamiento, entonces el arrendador no tendrá que cancelar algo extra.
Valor del inmueble
Otro de los derechos que tiene el arrendador es aumentar por año el precio del inmueble, la ley establece que cuando se vaya a realizar un amento, no puede ser superior al 1% del valor del inmueble en el mercado; sin importar que solo se haya alquilado una parte de él, como por ejemplo, una habitación.
Por otro lado, es importante aclarar que el arrendador puede terminar el contrato de forma abrupta si el arrendatario comete alguna de las siguientes faltas:
- No pague la renta dentro del tiempo que se estipuló en el acuerdo legal suscrito por ambas partes
- Deje de cancelar los servicios y los mismos sean desconectados a causa de ello
- Destine el inmueble para actos delictivos
Pero además, el arrendador tendrá la facultad de terminar con el acuerdo si de alguna manera logra demostrar que el arrendatario subarrendó un espacio o el inmueble completo. También debe estar al tanto de todos los cambios o ampliaciones que se decidan hacer en el lugar.
En este sentido, lo más común es dar a conocer las remodelaciones grandes, de esa manera se evitará un conflicto importante entre las dos partes.
Desalojo
Cuando la persona que alquila una casa o apartamento no cumple con sus obligaciones, el arrendador o dueño tiene el derecho de solicitar que la misma sea entregada y el inquilino se vaya a otro lugar.
La ley establece que el inmueble se puede recuperar en un plazo máximo de seis meses, si se toma la vía legal para hacerlo, es importante aclarar que el arrendatario será quien corra con todos los gastos judiciales que surjan a partir de este proceso.
En este tipo de relaciones la premisa de la conciliación siempre tendrá un valor agregado, pero cuando esa vía se agota, entonces el arrendador tiene el derecho de acudir a instancias legales con el fin de hacer valer la parte de la ley que lo protege.
